Qué sanciones enfrentan los propietarios por vivienda turística no autorizada

Las sanciones y medidas de control identificadas en las fuentes son las siguientes:

• Puntos de Control Turístico: El Proyecto de Ley 190 de 2025 propone que las autoridades locales establezcan puntos de control para verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas, las condiciones de sostenibilidad y las capacidades de carga de las zonas residenciales.
• Corresponsabilidad ante autoridades locales: Los prestadores de servicios de alojamiento que utilicen plataformas digitales sin estar debidamente autorizados tendrán una corresponsabilidad directa frente a las autoridades, debiendo responder por el incumplimiento de deberes de registro e información.
• Intervención por uso prohibido: Dado que la nueva normativa busca que la vivienda turística sea prohibida por regla general (salvo autorización expresa por mayoría calificada de la asamblea), operar sin este permiso constituye un uso irregular del inmueble, lo que permite la intervención de las autoridades para evitar la sobreexplotación del suelo residencial.
• Régimen Sancionatorio de Turismo: La iniciativa legislativa busca actualizar el marco sancionatorio para asegurar una competencia leal y mitigar los conflictos entre residentes permanentes y turistas, aplicando los principios del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
• Restricciones adicionales por capacidad de carga: Incluso si una asamblea autoriza el uso, las autoridades podrían imponer restricciones o sanciones si se determina que la actividad supera la capacidad técnica de la zona o afecta la sostenibilidad social y ambiental.

Información adicional fuera de las fuentes: Bajo la normativa vigente (Ley 2068 de 2020), no contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) o ejercer la actividad en contra del reglamento de propiedad horizontal puede acarrear multas económicas significativas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio o las alcaldías, que pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos, además del cierre temporal del establecimiento. Las fuentes consultadas indican que las nuevas leyes buscan robustecer este sistema de vigilancia para proteger la seguridad jurídica y la convivencia en las copropiedades.

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