En el régimen de propiedad horizontal en Colombia, la relación entre el reglamento interno y la ley nacional se rige por el principio de jerarquía normativa, donde la Constitución y las leyes de orden público (como la Ley 675 de 2001) prevalecen sobre las normas privadas de la copropiedad.
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Los nuevos montos de inembargabilidad, establecidos por la Superintendencia Financiera mediante la Circular 59 de octubre 6 de 2021, afectan la gestión de las deudas de administración en la propiedad horizontal de dos maneras fundamentales, dependiendo de la naturaleza jurídica del titular de la cuenta
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Con la entrada en vigor del Decreto 768 de 2025, los medios de prueba para reportar ruidos en propiedad horizontal han sufrido un cambio significativo, priorizando el derecho a la intimidad sobre las grabaciones informales,.
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El Decreto 768 de 2025 invalida las fotos y grabaciones tomadas sin autorización al catalogarlas como pruebas ilícitas, lo que impide que sean admitidas en los procesos de policía cuando vulneran la privacidad del hogar.
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De acuerdo con las fuentes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, existen límites legales y constitucionales estrictos que impiden a las administraciones de propiedad horizontal prohibir el teletrabajo de manera absoluta.
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En el régimen de propiedad horizontal en Colombia, la respuesta es no, el reglamento no puede prohibir de manera absoluta y arbitraria las visitas o la presencia de colaboradores en una vivienda donde se desarrolla una empresa virtual, siempre que dicha actividad sea compatible con el uso residencial y no afecte la convivencia o seguridad del edificio.
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La administración de una propiedad horizontal tiene facultades amplias para gestionar los bienes comunes, pero su poder de injerencia sobre los bienes privados y el comportamiento de sus moradores está limitado por la Constitución Política, la Ley 675 de 2001 y el respeto a los derechos fundamentales.
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Para defenderse de una sanción administrativa injusta en el régimen de propiedad horizontal en Colombia, se debe activar una estrategia basada en la legalidad, el debido proceso y la protección de derechos fundamentales, según los parámetros de la Ley 675 de 2001 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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Se está atravesando una transición hacia una regulación más estricta, definida principalmente por la autonomía de la copropiedad.
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La regulación de los derechos y libertades públicas, la actividad económica y el espacio público se establece principalmente a través del Código Nacional de Policía, cuyo objeto es precisamente garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar las condiciones necesarias para la convivencia.
LEERLos propietarios de mascotas que habiten en las copropiedades no podrán perder de vista la ley 746 de 2002, norma que regula la tenencia de mascotas, la cual contempla multas para aquellos propietarios que no garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la decisión libre de convivir con un animal en su propiedad.
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La Ley 2466 de 2025, que corresponde a la Reforma Laboral ya sancionada, introdujo cambios estructurales en el régimen laboral que impactan de manera transversal a las empresas del sector inmobiliario.
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